Desde 2015, las faltas han desaparecido del ordenamiento jurídico español. Ahora solo existen delitos leves, menos graves y graves. Los delitos leves son los antiguos conocidos como faltas, con penas menores y procedimientos simplificados. Los delitos menos graves tienen penas de hasta 5 años y los graves superiores a 5 años.

Mantenga la calma y ejerza sus derechos: permanezca en silencio hasta que llegue su abogado, no haga declaraciones sin asistencia letrada, solicite comunicarse con un familiar y pida abogado de su confianza. La detención no puede exceder de 72 horas, salvo en casos de terrorismo. Contacte inmediatamente con nuestro servicio de urgencia.

Los plazos de prescripción dependen de la pena máxima del delito: 20 años para delitos con pena de prisión superior a 15 años, 15 años para delitos con pena de inhabilitación superior a 10 años, 10 años para el resto de delitos graves, 5 años para delitos menos graves y 1 año para delitos leves. Algunos delitos como genocidio o crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Es una medida cautelar excepcional que puede adoptar el juez durante la investigación cuando concurran indicios racionales de criminalidad y riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. No es una condena, sino una medida preventiva. Tiene límites temporales estrictos y puede recurrirse. La duración máxima depende del delito investigado.

Es un acuerdo entre la defensa y las acusaciones por el cual el acusado acepta los hechos y la pena propuesta, evitando la celebración del juicio oral. Permite obtener beneficios como reducción de la pena en 1/3 y suspensión condicional si se cumplen los requisitos. Requiere asesoramiento especializado para evaluar si es conveniente.

Dependiendo del órgano que haya dictado la sentencia: recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (contra sentencias de Juzgados de lo Penal), recurso de casación ante el Tribunal Supremo (casos limitados), recurso de súplica contra autos. Los plazos son muy breves (5-20 días) y requieren fundamentación jurídica especializada.

Los antecedentes se cancelan automáticamente transcurridos ciertos plazos desde la extinción de la responsabilidad: 6 meses para delitos leves, 2 años para delitos menos graves con pena no superior a 12 meses, 3 años para el resto de delitos menos graves, y 5 años para delitos graves. Pueden solicitarse certificados negativos una vez cancelados.

Es la obligación de reparar los daños causados por el delito. Incluye restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios materiales y morales. Se ejercita conjuntamente con la acción penal y puede reclamarse aunque haya absolución penal si se acredita el daño. Las aseguradoras pueden ser responsables civiles directas o subsidiarias.

Las medidas cautelares más comunes son: prisión provisional, libertad con fianza, prohibición de salida del territorio, comparecencias periódicas, retirada del pasaporte, prohibición de aproximación o comunicación con la víctima, y suspensión del ejercicio de funciones públicas. Todas deben ser proporcionadas y pueden recurrirse ante tribunales superiores.